Para un historiador no es fácil conservar la ecuanimidad cuando se refiere a acontecimientos vividos con intensidad. Quienes hace 35 años escuchamos a Raúl Alfonsín dirigirse, como nuevo presidente de la Argentina, a la ciudadanía congregada en la Plaza de Mayo, sostuvimos que se trataba de una “recuperación” de la democracia. Necesitábamos afirmarlo, aunque en realidad sabíamos que se trataba de la instauración de un régimen político nuevo, sustancialmente diferente de las experiencias democráticas anteriores, la del radicalismo yrigoyenista y la del primer peronismo.
Aquellas fueron experiencias democráticas plenas e intensas, pero pertenecientes a una familia diferente de la actual. La democracia que floreció en el mundo en los años de la entreguerra se fundaba en la voluntad popular -la condición democrática mínima- pero imaginaba un pueblo homogéneo y unánime, expresado por una doctrina y un líder. Las diferencias entre los dos grandes líderes, Yrigoyen y Perón, fueron enormes: uno creía en la Constitución y el otro no. Pero Yrigoyen identificaba la “causa radical” con la “causa nacional”, y pensaba que fuerzas superiores a las urnas le habían otorgado un mandato regenerador. En ese aspecto, las ideas de Perón y su movimiento eran en el fondo bastante parecidas: basta con repasar la “Marcha peronista”.
En suma, era una democracia legitimada en el pueblo, ratificada en elecciones aceptables, pero que valoraba muy poco las instituciones republicanas, la representación y el pluralismo, y privilegiaba el conflicto frontal. Sobre este tipo de democracia, lo esencial ya fue escrito por Carl Schmitt en 1923.
El Preámbulo de la Constitución de 1853 -ese rezo laico con el que Alfonsín concluía sus actos de campaña- contiene lo esencial de la nueva democracia. Allí se ratifica la primacía del Estado de derecho y de la institucionalidad, y la valoración del pluralismo, algo raro por entonces. Se trataba de una democracia de ciudadanos -que hicieron cursos acelerados de instrucción cívica-, de partidos -reconstruidos y vitalizados-, de sufragio libre y competitivo, de discusión argumentada y de negociación abierta. Sobre todo, era una democracia apoyada en el fortísimo fundamento ético de los derechos humanos, una creación de la sociedad, convertida por el presidente en una política de Estado.
Ilusión y voluntarismo
Estas ideas fueron ampliamente compartidas; quienes disentían juzgaron prudente mantenerse en silencio. Hay otra dimensión epocal de esta democracia: la ilusión. Alfonsín aseguró que la democracia contenía, además, la solución para los problemas de la sociedad. Era la panacea. Con la democracia -repitió infatigablemente- se comía, se educaba, se alimentaba. No fue la primera ocasión en que el voluntarismo encendió la imaginación, ni la última. Pero a la vez, es difícil imaginar cómo, sin esa cuota de ilusión, una forma de hacer política con tan pocas raíces en nuestra cultura hubiera podido imponerse y alcanzar semejante consenso.
El drama de la ilusión es que los problemas reales, olvidados durante la comunión cívica, reaparecen pronto. Por entonces, el más grave eran las carencias del Estado, ya notorias, para enfrentar a los poderes corporativos; empresarios, sindicatos, Iglesia, Ejército.
En el mundo real, el gobierno democrático obtuvo menos éxitos de los que anunció, y más allá de cualquier balance objetivo -nadie lo hace en el momento-, la ilusión se convirtió pronto en su contrario: la desilusión corrosiva, que multiplicó las dificultades y contribuyó a que la crisis de 1989 desembocara en la hiperinflación.
En 1989 comenzó el largo ciclo peronista de nuestra democracia, vigente hasta 2015, salvo el interludio de 1999-2001. Lo dominaron figuras distintas pero muy parecidas: Menem y los Kirchner.
El contexto económico fue poco propicio para mantener el proyecto democrático inicial. La crisis de 1989 inició la “emergencia permanente”, que justificó la “democracia delegativa”. La crisis de 2001 barrió con los partidos y con la legitimidad representativa, y llevó al centro de la escena el mundo de la pobreza y sus representantes organizados, los piqueteros, ajenos a la tradición ciudadana de 1983. La breve bonanza económica, entre 2004 y 2008, facilitó la acción de un nuevo gobierno, decidido a profundizar el alejamiento de las tradiciones de 1983.
Conducida por el peronismo, la democracia se fue adaptando al nuevo contexto. Esbozados durante el decenio de Menem, los cambios maduraron y llegaron a una “fase superior” en los doce años de los Kirchner. El gobierno de los santacruceños pasó de la fase delegativa a la decisionista, atenazando todas las instituciones republicanas que limitaban la autoridad presidencial. También avanzó sobre la libertad de prensa y otras libertades personales. Ausentes el pluralismo y la convicción republicana, fue débil la presencia de los partidos políticos, que no superaron el cimbronazo de 2001, incluso el Justicialista.
La erosión de la ética
Florecieron en cambio los “partidos del gobierno”, especializados en producir el sufragio utilizando recursos del Estado, particularmente en el mundo de la pobreza y de la indigencia. En cambio, mantuvieron su vigor las “organizaciones sociales”, las sindicales y las de “derechos humanos”, que el gobierno integró en un frente político de forma similar al de la primera experiencia democrática peronista. Finalmente, la nueva versión de los “derechos humanos” abandonó su origen liberal y se convirtió en uno de los instrumentos principales de un nuevo unanimismo faccioso. La corrupción -en realidad el saqueo sistemático de los recursos públicos por los gobernantes- completó la erosión de los fundamentos éticos de este régimen.
Tal el estado de la democracia hacia 2015, desde una perspectiva que no dudo en calificar de parcial y sobre todo generacional: es claro el fuerte sesgo impreso en nuestras generaciones por la experiencia de 1983, la ilusión y el largo ciclo de desilusión. Sin duda, otras generaciones, con otros supuestos, pueden contar historias distintas.
Para unos, la democracia que tenemos es un dato obvio, una realidad natural. Para otros, en cambio, las luchas que permitieron el tránsito de la dictadura a la democracia están vivas, y a la vez suficientemente lejanas como para construir de ellas una imagen idealizada, hecha de blancos y negros, con “males absolutos”, crímenes no reparados y un mandato irrevocable de retaliación convertido en venganza, sobre el cual es muy difícil imaginar una democracia institucional y pluralista. Así está la grieta hoy.
Trataré de recuperar mi oficio, ponerme por encima de estas visiones y proponer un juicio que contemple, menos apasionadamente, una experiencia democrática que abarca algo más de un siglo, desde la ley Sáenz Peña de 1912 hasta el momento actual, cuando se transita un ciclo o un interludio no peronista.
Con una mirada más olímpica, el balance es mucho menos negativo. El largo ciclo de golpes militares quedó atrás. Vencidas, y luego sometidas a un régimen de pan y agua, las Fuerzas Armadas no pueden permitirse sueños mesiánicos, y es posible que ni siquiera los tengan. Los políticos civiles ya no cuentan con el recurso fácil de apelar al Ejército -como lo hicieron en cada golpe de Estado- para resolver situaciones generadas por su propia incapacidad. En estos 35 años las instituciones democráticas argentinas han debido arreglárselas solas, la legitimidad institucional no se cortó nunca y los dirigentes a lo sumo han explorado la vía del “golpe blando”, ciertamente desdichado, pero de consecuencias menos traumáticas que el golpe militar.
Luego de tres décadas y media, pese a las crisis y los desencantos, tenemos hoy una base mínima para la democracia, mucho más consolidada que en 1983. Nuestra democracia combina, en proporciones variables, los formatos de la primera mitad del siglo XX con el de 1983. Estamos lejos de aquel ideal republicano y pluralista, pero después del vendaval kirchnerista puede confiarse en que se encontrará un equilibrio razonable entre los modelos democráticos en pugna, y quizás un avance hacia la institucionalidad.
A pesar de los defectos
No tenemos una épica democrática, ni la necesitamos, pues las prácticas democráticas se han convertido en hábito. Sabemos que habrá elecciones cada dos años, y que tendremos un funcionamiento institucional que, con sus problemas, nunca será desmentido por una proclama o un Estatuto revolucionario. En cuanto a los derechos humanos, más allá de los discursos facciosos, están celosamente custodiados por una opinión pública atenta y sensible.
El sistema político tiene grandes defectos, pero al menos hay acuerdo sobre la agenda de reformas políticas e institucionales. Hay mucho que hacer con el sufragio, con los partidos y con su financiamiento; se hará cuando haya una mayoría ocasional a la que estas reformas le convengan, como ha ocurrido siempre. También están en agenda la transparencia institucional, los controles del poder y la posible corrupción, así como una reforma profunda de la Justicia, terrenos en los que vamos algo mejor. Todo se hará, paso a paso, o a veces con un paso atrás y dos adelante.
Las mayores dudas aparecen en el problema, no menor, de la capacidad de nuestro sistema político para procesar los conflictos sociales. Los partidos políticos, que florecieron en 1983, están un poco mejor que en 2001, pero siguen lejos del ideal de partido orgánico y programático, verosímil en 1983, que hoy solo se mantiene en la UCR. El debate público argumentado, ausente durante mucho tiempo, reapareció con la discusión del proyecto de interrupción legal del embarazo. ¿Brote verde o flor exótica? Desde 2016, con el peronismo en la oposición, el Congreso recuperó su papel, perdido, durante el largo ciclo peronista, en el procesamiento final de las negociaciones entre el gobierno, los poderes provinciales y los grandes actores corporativos. Se negocia mucho pero se argumenta poco. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío?
El gran problema
Con un papa argentino y peronista, la Iglesia piensa menos en restaurar el reino de Cristo en la tierra -una cruzada que otrora impulsó, junto con las Fuerzas Armadas- y se dedica a la política local: ordenar el campo peronista y unir fuerzas contra un presidente que -cree Bergoglio- expresa los peores vicios del liberalismo y el capitalismo. Esto no ayuda a la democracia. Los otros actores corporativos, como siempre, combinan la presión y la negociación, fuera y dentro de las instituciones, una situación a la que estamos acostumbrados.
Fuera de este cuadro quedan las organizaciones sociales; los “piqueteros”, que todavía no tienen representación política, se hacen fuertes en la calle y en la acción disruptiva, y están abiertas a los grupos violentos y a las consignas antisistema. No son las únicas voces. El “relato” kirchnerista, que conserva su magia, recoge e integra todas las manifestaciones de protesta, uniendo el activismo en la calle y la provocación en el recinto del Congreso. Algo parecido ocurría en la Francia jacobina o en Alemania e Italia luego de la Primera Guerra Mundial. Es para preocuparse.
Nuestros grandes problemas no están en una democracia institucional, mediocre pero sólida, ni en los discursos facciosos que nos dividen. El gran problema está en la pobreza y en el Estado. Está en la dudosa capacidad de los gobiernos democráticos para reconstruir el Estado y recuperar el instrumento capaz de traducir las iniciativas de los gobernantes en políticas eficaces y sostenidas.
Solo así podemos imaginar una solución -sabe Dios en qué plazo- para el más importante problema de nuestra sociedad: cómo reducir el mundo de la pobreza. Allí se potencian todos los factores que afectan la normalización democrática. La democracia puede convivir con ese problema un tiempo, pero no indefinidamente.
Publicado en La Nación el 9 de diciembre de 2018.
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