El 12 de octubre de 1862 Bartolomé Mitre asumió la presidencia argentina. Bajo su impronta comenzó una nueva etapa para nuestro país, en la que se fueron conquistando derechos a través de una serie de leyes e instituciones. Así, entre su asunción y la Ley de 1912 que abrió el juego político a las masas e instauró la democracia en Argentina, hubo una serie de presidencias que, en mayor o menor medida, sembraron una conciencia republicana a través de medidas progresistas.
Comencemos con Don Bartolo. Aunque sería la siguiente presidencia en ícono en materia educativa, Mitre llevó a cabo un paso previo impulsando la educación secundaria en las provincias a través de la creación de colegios nacionales en todo el país.
Ante la salida de escena de los caudillos, el presidente buscó generar grupos de hombres capacitados para hacer frente al creciente Estado.
Él mismo lo explicó hacia 1870: “Si dada nuestra desproporción alarmante entre el saber y la ignorancia no echásemos anualmente a la circulación en cada provincia una cantidad de hombres educados para la vida pública, el nivel intelectual descendería rápidamente y no tendríamos ciudadanos aptos para gobernar, legislar, juzgar ni enseñar, y hasta la aspiración hacia lo mejor se perdería, porque desaparecerían de las cabezas de las columnas populares esos directores inteligentes que con mayor caudal de luces las guían en su camino (… ). A esta necesidad responde la educación de los colegios nacionales”.
Su progresismo llevó a Mitre a dar uno de los primeros pasos en el laicismo del Estado. Enfrentando a la Iglesia Católica, secularizó los cementerios. En el decreto correspondiente leemos que “es un derecho y más que un derecho un deber de la potestad civil defender y proteger a los ciudadanos de los avances de la autoridad eclesiástica”.
El obispo protestó y la Iglesia se puso en pie de guerra. Hasta entonces solo podía sepultarse en la mayoría de los cementerios a los católicos y siguiendo las reglas de estos. Así, además de los que no profesaban esta fe, quedaban afuera los suicidas, los duelistas, los concubinos, etcétera.
La combatividad eclesiástica tocó fondo cuando en Santa Fe un periodista protestante fue desenterrado por un sacerdote y arrojado fuera del cementerio. A través de una circular, el presidente pidió ayuda a los gobernadores para acabar con este tipo de episodios.
La educación era otro ámbito que escapaba en gran medida al Estado y reposaba en la organización eclesiástica.
Avellaneda señaló al respecto: “Un hombre que es elocuente, que conoce la historia, la diplomacia, la jurisprudencia, puede ser en cualquier otra parte un hombre de Estado; pero si no se ocupa en toda ocasión y lugar, con infatigable energía, de que la educación penetre a través de todas las clases sociales, no será verdaderamente digno de ser considerado un hombre de estado americano”.
La necesidad de volver homogénea a una sociedad de inmigrantes obligó al gobierno nacional a tomar cartas en el asunto de un modo más contundente. Aunque recién este pilar se consigue en 1886, Belgrano había considerado que la escuela pública debía ser función del Estado. No se quedó sólo en las palabras y donó una fuerte suma para levantar escuelas, dejando escritos los reglamentos y especificando las asignaturas.
Así, Sarmiento completó su tarea educativa durante la presidencia de Roca, ejerciendo el cargo de superintendente general de Escuelas del Consejo Nacional de Educación e impulsando la Ley 1.420.
Con esta norma Domingo Faustino daba un salto definitivo hacia la concreción de su proyecto más ambicioso: educar al ciudadano. Él mismo lo expresó en 1870 en un mensaje presidencial: “La empresa gloriosa de nuestro siglo es la de difundir en toda la masa de los habitantes de un país cierto grado de instrucción, para que cada uno pueda abrirse honorablemente acceso a la participación de las ventajas sociales y tomar su parte en un gobierno de todos y para todos; no hay república -añadió- sino bajo esta condición, y la palabra democracia es una burla donde el gobierno que en ella se funda pospone o descuida formar al ciudadano moral e inteligente” .
Otra de las leyes progresistas fue la del matrimonio civil, parte de nuestra legislación desde 1888. Su aprobación llevó al gobierno a enfrentarse duramente con parte de la sociedad y con la Iglesia. Manuel Estrada, se pronunció en contra considerándola como “una tentativa que conspira contra la filosofía social, que conspira contra el principio cristiano, que conspira contra la familia, que conspira contra los fundamentos de la libertad civil, que conspira, finalmente, contra las bases esenciales de la civilización nacional”.
Su voz, al respecto se perdió entre el torrente ideológico del avance.
Ricardo Rojas señaló sobre esta etapa: “Laicos son ya nuestra cuna, nuestro hogar, nuestra escuela y nuestra tumba; laicos, es decir, del pueblo, de todos los individuos de una sociedad, libres de imposición ajena y libres en el culto de la fe propia”.
Publicado en Los Andes el 6 de octubre de 2018.
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