Débora Lopreite es politóloga y magister en administración pública (UBA) y PhD en Políticas Públicas, Carleton University, Ottawa, Canadá. Se desempeña como Profesora en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en políticas públicas con perspectiva de género. Sus investigaciones sobre Estado, políticas de bienestar, derechos reproductivos y equidad de género han sido publicados en libros y revistas académicas con referato internacional.
Se logró la media sanción del proyecto de Legalización del Aborto en Argentina. Desde el punto de vista del análisis político, ¿cómo crees que se llegó a esta aprobación?
El impulso que dio el PEN, a partir de lo que el Presidente dio en llamar “habilitar el debate en el Congreso”, fue lo que en Ciencia Política llamamos ventana de oportunidad para tratar un tema que estaba instalado en la agenda desde hace más de una década, pero que actores relevantes no lograban tratar en las comisiones del Congreso. Con esto quiero señalar dos cuestiones fundamentales: por un lado, el largo proceso de movilización social alrededor de los derechos reproductivos que se inicia en Argentina desde los noventa y alimentó desde sus inicios la labor legislativa de legisladores de diferentes bancadas. Este movimiento encuentra su primer éxito legislativo con la sanción de la ley de salud sexual y procreación responsable en 2003 teniendo como corolario la conformación de la Campaña por el Derecho al aborto que presentó el primer proyecto de ley en Diputados en el año 2007. Fue en este año en que la cuestión del aborto encontró su pico más álgido en el debate público, pero todavía restringido a la tensión manifiesta entre el PEN (fundamentalmente el Ministro de Salud) y la jerarquía de la Iglesia. Por otro lado, la consolidación y autonomía del movimiento de mujeres a partir del año 2015. La decisión del PEN de apoyar la realización del debate parlamentario abrió para muchos una caja de Pandora ya que desconocían o relativizaban el activismo de base que fue aprovechado por el grupo de legisladoras que eran favorables a la ley y cuyo trabajo legislativo fue sostenido por la movilización en las calles, los medios de comunicación y las redes sociales durante los siete meses de debate legislativo. En este sentido, el trabajo legislativo interbloque reunió varias estrategias de convencimiento y negociación, capacidad discursiva, articulación con los medios de comunicación y redes sociales para convencer a indecisos. Que la votación fuese tan ajustada en mi opinión era previsible por las resistencias a promover estos avances en el terreno de los derechos de las mujeres y la naturaleza divisiva de estos temas, pero lo que a mí más me impresionó fue la asistencia perfecta de los y las diputados y diputadas. Creo que la presión social y de los dos sectores obligó a tomar posición explícita a todos los legisladores y muchos –aunque hubiesen preferido– no pudieron siquiera correrse de la escena
Dado que los números de la votación final fueron parejos y transversales a representantes de ambos sexos, ¿el escenario sería distinto si no hubiese existido en algún momento la Ley de Cuotas de Género?
La presencia de mujeres no es paritaria en el Congreso, sino que se consolidó un poco por arriba del 30%, que es el piso que establece la ley de cupo vigente. Desde la perspectiva de la representación, ese porcentaje se fundamenta en la posibilidad de conformar una masa crítica capaz de utilizar recursos disponibles dentro de la institución u organización y avanzar hacia mejoras en su propia situación y de la del grupo al que pertenece. Si bien en Argentina no se han establecido bancadas o comisiones permanentes de la mujer, sí a lo largo de los años se modificó sustancialmente la labor legislativa, no solo por la cantidad de proyectos presentados en diferentes temas sino también por la sanción de varias leyes fundamentales para la igualdad de género y los derechos de mujeres. Esto permite evaluar el salto cualitativo que ha dado Argentina a través del avance de la legislación: salud sexual y procreación responsable, anticoncepción quirúrgica, violencia doméstica y la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres, trata de personas, educación sexual integral, regulación del trabajo doméstico, y el matrimonio igualitario (que incorpora al colectivo LGTB), y más reciente la ley de paridad son ejemplos de estas leyes fundamentales. Además la articulación con el movimiento de mujeres y especialmente con la Campaña por el Derecho al Aborto para la presentación de los sucesivos proyectos de ley para la legalización del aborto, fue fundamental. De modo que el incremento de mujeres (el salto fue sustancial ya que antes del cupo solo había entre un 3% a un 5% de mujeres) no debe analizarse en función de las votación final de leyes específicas sino de la configuración de la agenda legislativa y de los avances notables en materia de legislación a lo largo de más de una década. En este sentido el trabajo legislativo es un trabajo de hormiga… Un dato interesante: recién hacia el año 2003 se consolida un piso de alrededor del 30% de mujeres en el Senado, a partir de allí se pueden visualizar los avances cualitativos en materia de legislación.
Más allá del divorcio, la patria potestad compartida o el matrimonio igualitario, ¿qué otros antecedentes de votaciones transversales, soslayando la disciplina partidaria, recordás? ¿O crees que la disciplina partidaria solo se rompe cuando se tratan leyes que habilitan nuevos derechos o la ruptura de barreras sociales?
Con respecto al tratamiento de las leyes me parece importante diferenciar la definición de la agenda legislativa de la votación final de las leyes. Con respecto a la agenda el trabajo transversal se vincula con la cooperación para presentar proyectos y articular consensos. Esta estrategia ha sido una marca registrada de las legisladoras en todas las leyes que mencioné y en muchos otros proyectos, más allá de que se hayan logrado sancionar o no. La transversalidad en el Congreso argentino, sobre todo en la Cámara de Diputados se instala a partir de la crisis del 2002 y la fragmentación de los bloques legislativos. A partir de esa fecha la inestabilidad del sistema de partidos (el surgimiento de nuevos partidos o la constitución de organizaciones partidarias con distintas etiquetas y los cambios en la conformación de los bloques legislativos) ha inducido a la cooperación entre legisladoras de distintos bloques en varios temas. Ahora bien, con respecto a temas de política moral como el aborto o el matrimonio igualitario, la falta de disciplina partidaria se origina en la conciencia individual de los legisladores y legisladoras, que en mi opinión deriva de dos hechos: uno, es la debilidad de los partidos como estructuras más o menos cohesivas traducidas en bloques legislativos que respondan a esas etiquetas partidarias. Los partidos en Argentina no tienen ideologías, plataformas electorales o tomas de posición explícita, en una gran variedad de temas, no solamente en cuestiones de política moral. En cuestiones de política moral la conciencia individual emerge en este contexto, lo que –en el mediano y largo plazo– fue terreno fértil para la transversalidad o cooperación interbloque. La otra cuestión importante es que en Argentina no hay partidos confesionales. Esto marca una diferencia importante con otros países en donde existe un partido confesional fuerte (por ejemplo, un Partido Demócrata Cristiano) que pueda bloquear el avance en temas de política moral. Si bien esto puede ser beneficioso para la sanción de estas leyes, también vuelve a los legisladores más susceptibles al lobby de la Iglesia. De modo que la ausencia de disciplina partidaria por falta de definición y debilidad ideológica-organizativa de los partidos, puede dar lugar a estructuras de oportunidad que dependen más de la acción transversal, aunque menos permanentes y más expuestas al lobby religioso/conservador.
¿Qué relación encontrás entre este proyecto y otras leyes previas como ser leyes de salud sexual o de matrimonio igualitario?
Lo que estuve explicando anteriormente respecto de los partidos, las posiciones y la cooperación legislativa, encaja bastante con los sucesos acontecidos en ocasión de la sanción de estas dos leyes. Me refiero a las estrategias de cooperación transversal y las configuraciones difusas de intereses. Para ampliar, desde el punto de vista institucional el rol del PEN en habilitar el tratamiento de estas leyes ha sido fundamental, y también para la sanción final de estas leyes sobre todo en el Senado, que siempre ha sido más resistente. Aunque no hubo votación nominal en el caso de la sanción de la ley de salud sexual, sí sabemos por el debate legislativo en las cámaras, las crónicas de la época y el relato de las protagonistas que la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable era una iniciativa del gobierno de Duhalde en ese momento cuando González García era Ministro de Salud y su rol en convencer senadores fue crucial para la sanción de la ley. Recordemos que este proyecto se había presentado varias veces en Diputados, siendo el primero aprobado en Diputados en 1994 y nunca tratado en el Senado. Con respecto a la ley de matrimonio igualitario las movidas del PEN para convencer (o ausentar) senadores han quedado bien documentadas. Más allá de los motivos ulteriores de los Ejecutivos para promover (o no) estas leyes, mi conclusión es que la relevancia del PEN en la sanción de estas leyes aumenta frente a la característica difusa de las identidades partidarias y la fragmentación legislativa, y frente al costo de oportunidad de enfrentarse a la Iglesia que –desde el punto de vista de los líderes ejecutivos- puede ser alto. En el caso de la legalización del aborto se da una situación inédita porque el PEN –que promovió el debate– no tiene mayoría en el Congreso, y llamativamente la mayoría de los miembros de su bloque se oponen a la sanción de la ley. Esta situación reduce la relevancia política del PEN para aprobar la ley ya que al estar en minoría en el Senado para la suma de los votos final su papel no sería tan crucial. Habrá que ver el peso que pueda tener entonces el lobby religioso/conservador en presionar a senadores individualmente, y el movimiento final de los distintos jugadores, incluyendo el PEN.
Viviste y estudiaste varios años en Canadá. ¿Cuál es el tratamiento que tienen este tipo de leyes en un país que hace rato rompió barreras para ampliar derechos?
En Canadá la situación es totalmente distinta, ya que el aborto fue despenalizado en 1988 por una resolución de la Corte Suprema de Justicia frente al caso criminal configurado a partir de las denuncias a un médico que practicaba abortos y que fue un activo militante por los derechos de las mujeres. La CSJ estableció que nunca el interés del Estado a la vida potencial puede estar por encima del derecho de la mujer a su propia salud e integridad física y/o psicológica, y por lo tanto habilitó la práctica a través del sistema sanitario que en Canadá está bajo jurisdicción provincial. De esta forma, el aborto no está limitado por ninguna ley y como práctica médica está contemplado dentro de las políticas sanitarias de salud sexual y reproductiva, aunque la accesibilidad varía por las diferencias de los sistemas sanitarios de las provincias que de todas formas son públicos y gratuitos. Gracias a esto se ha eliminado la mortalidad materna y se ha avanzado mucho en la reducción del embarazo adolescente por medio de la educación sexual y el acceso a la anticoncepción.
Existen sin embargo, algunos grupos que intentan limitar el derecho al aborto mediante su tratamiento parlamentario pero no encuentran eco, dado que Canadá es un país totalmente secular y todos los partidos han avalado estas políticas por años, como también en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Creo que es un ejemplo interesante para Argentina, dado que han logrado superar la grieta originada en el debate de los pro-aborto vs pro-vida típica de los Estados Unidos y que estamos atravesando en Argentina. En Canadá el tema se plantea desde la perspectiva de la política pública, y en ese marco lo que vale es el derecho a la salud integral de las mujeres por sobre el interés abstracto del Estado a la protección de la vida potencial.
¿Crees que luego de Uruguay, donde ya hay una ley sobre legalización del aborto, y Argentina (que a corto o mediano plazo la tendrá) en el resto de América Latina se iniciará un camino en ese sentido?
El movimiento social de la Campaña por el Derecho al Aborto está cruzando las fronteras nacionales. Creo que por el alto grado de activismo social y visibilidad con el agregado distintivo de la época que son las redes sociales se puede llegar a marcar una tendencia. Pero no estoy segura que esto se traduzca en cambios legislativos. Aunque varios países de la región han avanzado en despenalizar situaciones que no estaban contempladas como en Colombia o Chile donde reconocieron el derecho al aborto en caso de violación y por razones de salud.
Podrían surgir reformas parciales que vayan ampliando causales para despenalizar el aborto, como razones de salud o violación pero depende de las configuraciones partidarias y la influencia de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos que ejercen influencia en el sistema político.
¿Qué otros derechos postergados crees que deberían tratarse en las próximas legislaturas?
En el terreno de los derechos civiles creo que la legalización del aborto es la gran ley pendiente, pero me parece que si finalmente la ley es aprobada, esta no va a garantizar per se el acceso a la práctica médica en las distintas jurisdicciones del país. Actualmente, solo nueve provincias cuentan con un protocolo de atención para el aborto no punible y hay barreras para acceder al aborto seguro en varias provincias incluso en CABA y en Provincia de Buenos Aires. Si tenemos en cuenta este antecedente además de las barreras existentes para acceder a la anticoncepción y la atención ginecológica en varias provincias argentinas, en donde las adolescentes y las chicas pobres son las más perjudicadas, y la baja implementación de la ley de educación sexual integral, el panorama no es muy alentador.
Debemos tener en cuenta que los mismos sectores y con los mismos argumentos se han opuesto a la anticoncepción y a la educación sexual y son los que hacen lobby en las provincias para que no se implementen, de modo que hay que tener presente que habrá mucha oposición y barreras explícitas para la implementación de la ley de aborto seguro, lamentablemente. De modo que la lupa deberá ponerse sobre los ejecutivos provinciales y sus ministerios de salud y educación para la implementación de políticas integrales que hagan efectivos todos los derechos que ya están reconocidos en nuestro sistema legal. Así, el aborto podrá realizarse en forma segura para disminuir los riesgos, pero además habrá menos abortos en la medida en que se cumplan con las otras leyes como parte de una política integral. La experiencia de países como Canadá y otros de Europa que cuentan con sistemas de salud públicos, así lo demuestra.
