Martín D’Alessandro: es Licenciado en Ciencia Política, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Ciencia Política en la UBA, se ha desempeñado también como profesor de grado y posgrado en la Universidad de San Andrés, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Nacional de San Martín. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de interés son la representación política, los partidos políticos, el liderazgo político y las campañas electorales. Actualmente se desempeña también como director de la revista de ciencia política POSTData.
La ciencia política en Argentina, como disciplina dictada en la universidad pública, llega con el retorno a la democracia. Sin embargo, hay una tradición en el análisis político que podemos remontar a principios del siglo XX, con la Revista Argentina de Ciencias Políticas. ¿Cómo eran esos primeros indicios de la disciplina en nuestro país?
La apertura de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires en 1985 dio un impulso muy importante al desarrollo de la ciencia política en el país, pero en realidad la disciplina ya tenía una larga historia en la universidad pública. En los años 20 (y al mismo tiempo que en Europa o Estados Unidos) en las universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y El Litoral, ya se dictaban cursos de “ciencias sociales”. Pero el antecedente del estudio universitario de la política en el país (y en toda América Latina) fueron las licenciaturas en Servicio Consular y en Servicio Diplomático que se crearon conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en 1919. Diez años después se transformaron en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y ambas quedan luego en la Universidad Nacional de Rosario a fines de los 60. Y a fines de los años 50 se había creado una Carrera de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional de Cuyo.
Como ha sostenido Marcelo Cavarozzi, en esta etapa tenemos una ciencia política “formalista” por su atención a los marcos formales de la acción política. En pocas palabras, en esa etapa había mucho de historia de las instituciones. Se trataba, a grandes rasgos, de entender cómo podía gobernarse el país complejo y heterogéneo que se estaba configurando. La Revista Argentina de Ciencias Políticas se edita, justamente, entre 1910 y 1918, y a pesar de la tendencia de la época, incorpora sin embargo artículos que incluyen el estudio de los actores políticos, el funcionamiento dinámico de las estructuras políticas, y consecuentemente, las posibilidades de cambio político. Como ha dicho Carlos Floria, fue la primera tentativa seria y constante de estudiar la política desde una perspectiva científica.
¿Cómo era la enseñanza de la disciplina y su ejercicio profesional en los primeros años?
Durante esa etapa de la ciencia política formalista, los profesores de la facultad eran prácticamente amateurs. Muchos de ellos fueron de excelencia, pero la mayor parte del tiempo ejercían la abogacía, o bien la política. El rol y la práctica profesional en ciencias sociales comenzó a cambiar hacia el modelo cientificista con la institucionalización de la sociología científica. En este sentido, los trabajos y la impronta de Gino Germani en la Carrera de Sociología de la UBA, creada a mediados de los 50, comenzaron a transformar todo: la epistemología, la metodología y la práctica. Por ejemplo, creó las dedicaciones exclusivas en el área, para lo cual era necesario un nuevo modelo de universidad, que se rompió en 1966.
¿Que significó el CEDES para el impulso de la disciplina, sobre todo en los años de autoritarismo?
A partir del golpe del 66 la universidad pública entra en una gran crisis (de la que en muchos aspectos todavía no ha salido), y el trabajo científico de las ciencias sociales se concentró en centros de investigación independientes que conseguían financiamiento privado muchas veces de gobiernos y/o fundaciones extranjeras. El pionero fue el Instituto Di Tella. Luego varios de sus investigadores se abrieron y fundaron (con el liderazgo de Guillermo O’Donnell, Oscar Oszlak y Cavarozzi) el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Fueron años muy productivos en lo intelectual (muchos de los textos célebres de la ciencia política argentina son producidos en esos centros, como El orden conservador de Natalio Botana o los trabajos sobre el Estado de O’Donnell y Oszlak) pero muy complicados en lo político, pues además del autoritarismo había mucha ideologización. Es ilustradora en ese sentido la anécdota que cuenta O’Donnell (en la entrevista que tradujimos para el libro junto a Gabriela Ippolito-O’Donnell) que en esos años del CEDES lo amenazó seriamente el director financiero de Montoneros (hoy un conocido sociólogo) para cobrarle un impuesto a los agentes del imperialismo.
¿Quiénes son entonces los padres fundadores de la ciencia política moderna en nuestro país?
Siguiendo con el argumento anterior, serían los trabajos de los sociólogos políticos: Gino Germani, Torcuato Di Tella, José Enrique Miguens, Darío Canton. Ellos iniciaron los estudios políticos modernos en Argentina. Luego vendrá la generación de abogados que estudiaron en el exterior una ciencia política más específica, y que escribirían fundamentalmente a partir de los 70: Carlos Floria, O’Donnell, Botana, Carlos Strasser, José Nun, Oszlak, Cavarozzi, Liliana De Riz, Atilio Boron. Seguramente cometo alguna injusticia, pero esos nombres moldearon la ciencia política argentina, así como los de Juan Carlos Puig, Bruno Bologna, Carlos Escudé y Roberto Russell en Relaciones Internacionales.
¿Qué es lo que te hace estudiar en un primer momento esta disciplina y por qué continuaste en el estudio de su historia y sus características actuales?
En lo personal, me interesaba mucho la política y creía tener opiniones claras y convicciones firmes. Cuando entré al Ciclo Básico Común de la UBA y entré en contacto con profesores y compañeros inteligentísimos, me di cuenta de que era un completo ignorante, así que decidí abandonar mi proyecto original y cambiarme a ciencia política. Lo que vino después le dio gran parte del sentido a mi vida. Pero mucho más interesante es el estudio de la historia de la ciencia política como área de investigación. En este punto también hay una dimensión particular (relacionada a un compromiso personal con la disciplina y buenos amigos compartiendo esos intereses, como la fundación de la revista POSTData) y una dimensión más amplia, porque desde hace unos veinte años en varios países de la región surgió el interés por historizar y reflexionar sobre la ciencia política como disciplina, lo cual es en sí mismo un indicador de su progresiva institucionalización.
¿A qué te referís con “institucionalización”? casi todos los partidos y espacios políticos de nuestro país hacen hincapié en la falta de institucionalización, pero ¿a qué se refieren realmente cuando se menciona este problema?
En pocas palabras podría decirse que algo se institucionaliza cuando se rutiniza, cuando determinados comportamientos se hacen estables y previsibles, lo que da un cierto orden a las cosas y permite desarrollos ulteriores. En el caso específico de la ciencia política como disciplina y como profesión, me refiero a la consolidación de una comunidad científica que cada vez en mayor medida tiene pautas aceptadas (y por lo tanto legítimas) de funcionamiento e interacción. Por ejemplo, a diferencia de las primeras etapas fundacionales, ahora es claro qué cosa es un/a politólogo/a y qué cosa no lo es, hay saberes académicos y profesionales que se reconocen como constitutivos, hay publicaciones reconocidas por todas las tendencias político-ideológicas de los/as colegas, surge el interés por la propia historia, y hay una asociación legítima (la Sociedad Argentina de Análisis Político, SAAP) que realiza congresos disciplinares y otras actividades que funcionan como un cemento a lo ancho y a lo largo del territorio. Si ya no estamos discutiendo ni dividiéndonos por estas cuestiones básicas, entonces existe una certidumbre disciplinar que permite avanzar en otras dimensiones, tanto relativas a la enseñanza, como a la investigación, como a la profesión, porque ya tenemos bastante en claro y resuelto quiénes somos, cómo trabajamos y cuáles son los parámetros que nos ordenan internamente (por ejemplo, todos reconocemos ahora que alguien con doctorado y publicaciones tiene, ceteris paribus, más mérito que alguien que no los tiene).
Cuando los partidos hablan (y hablan mucho más de lo que hacen) de institucionalización, generalmente se refieren a, por ejemplo, establecer acuerdos de políticas (las famosas “políticas de Estado”) o acuerdos de procedimientos (pactos de gobernabilidad dentro del Congreso o de las coaliciones) que den previsibilidad para poder avanzar en algo y no estar sometidos siempre a los mismos problemas fundacionales. En este sentido, desde 1983 hubo por supuesto avances importantes, pero también siguieron existiendo laberintos de los cuales no podemos salir desde hace por lo menos 50 años.
¿Por qué existían dos grandes agremiaciones de la disciplina en Argentina, la Asociación Argentina de Ciencia Política y la SAAP? ¿Cuándo y por qué se unifican?
En realidad nunca se unificaron. La AACP tuvo una gran figura (su primer presidente) que fue Segundo Linares Quintana, un destacado jurista de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Y muchos de los más importantes nombres del derecho público del país también estaban allí. La AACP incluso volvió a editar algunos pocos números de la Revista Argentina de Ciencia Política en los 60, pero nunca pudo aceptar el cambio que a partir de los años 70 estaban viviendo los estudios políticos. Para simplificar, diría que se trataba del paso desde una ciencia política “juridicista” hacia una ciencia política “científica”, en el sentido de la impronta de Germani. De hecho, Linares Quintana y la Facultad de Derecho de la UBA rechazaron el proyecto de Carlos Floria, que luego de conversar mucho en Estados Unidos sobre el tema con Robert Dahl y Giovanni Sartori, entre otros, propuso crear allí una carrera de ciencia política a tono con los estándares internacionales. Ese proyecto finalmente se plasmó en la Universidad del Salvador entre 1968 y 1973, y significó el gran cambio hacia la ciencia política moderna y empírica. Como director de esa carrera, Floria convocó a Botana, Marcelo Montserrat, Rafael Braun, O’Donnell, Félix Peña, Russell, Strasser y Mariano Grondona, entre otros. Al calor de ese clivaje entre los defensores del derecho político y los de la ciencia política, por así decirlo, la AACP se negó a incorporar a una nueva generación de politólogos que traían esta nueva formación y estos nuevos intereses, y entonces Oszlak y otros fundan la SAAP a principios de los 80, que inmediatamente mostró su mayor adecuación a los tiempos. A partir de entonces comenzó a crecer a ritmo creciente y la AACP languideció hasta su disolución. Hoy en día la SAAP goza de una legitimidad indiscutida, su pluralismo es proverbial (por ejemplo, no se vio afectada en lo más mínimo por la famosa grieta ni siquiera en sus años más álgidos) y sus congresos son masivos y muy reconocidos aun fuera del país.
¿Se planteó en algún momento la colegiación? ¿Creés que sería beneficioso o perjudicial para la institucionalización de la disciplina?
Mi opinión personal coincide con la posición histórica de la SAAP al respecto: la colegiación sería muy perjudicial, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Cada tanto surge ese proyecto en alguna provincia, como ha sido el caso en Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, pero solo en La Pampa y en San Juan se sancionó la regulación, a pesar de las opiniones mayoritarias en contrario.
Hay cuatro o cinco argumentos que son los principales, aunque no los únicos, para sostener por qué no es buena la colegiación de la ciencia política. Primero, porque al poner restricciones al libre ejercicio de la profesión, es contraria al espíritu que orienta a esta disciplina en nuestro país y prácticamente en el mundo entero. Segundo, porque no es necesaria para el desarrollo de la disciplina. De hecho, sin colegiación la ciencia política ha crecido enormemente y ya hay suficiente conocimiento acumulado como para sostener que la ciencia política se encuentra en el período de mayor desarrollo de toda su historia, incluso en términos de su valoración social, como lo evidencia la gran presencia de los colegas en los medios de comunicación y en el quehacer político mismo, lo que se ha logrado con enorme éxito justamente gracias al marco de plena libertad en que se ha desarrollado a partir de 1983. La SAAP, por ejemplo, es una asociación libre, y por sus propios méritos ha alcanzado reconocimiento y legitimidad incluso hacia afuera de nuestras fronteras, y ha llevado con éxito gran parte de las tareas de promoción de la disciplina que se buscan con la colegiación. Es una entidad establecida y goza de prestigio sin crear obligaciones para nadie ni creando actividades de tipo burocrático y de control de las actividades de la profesión.
Tercero, en la experiencia nacional e internacional solo se regulan actividades privadas y de profesiones cuando de ellas se desprenden posibilidades de riesgo para la sociedad o para el pleno ejercicio de sus derechos. Pero no hay aún investigación alguna que identifique y/o mida los riesgos que implica el trabajo de un profesional de la ciencia política. Cuarto, porque la regulación demandaría una demarcación del campo profesional, es decir una lista de actividades e incumbencias propias de la ciencia política, que se entiende otros profesionales ejercerían, eventualmente, de manera ilegal. Por ejemplo, asesorar a organismos estatales es una tarea muy propia de los/as politólogos/as, pero que se superpone no solamente con actividades e incumbencias profesionales que otras profesiones pueden ofrecer seriamente también, sino incluso con actividades que deberían ser libres para todo ciudadano que quisiera, en el marco de las instituciones democráticas, participar en el proceso de toma de decisiones de su país o su provincia. Y quinto, las experiencias nacionales e internacionales de colegiación (por ejemplo, la colegiación de la sociología a nivel nacional sancionada en los años 80) han sido decepcionantes, confluyendo en organizaciones enunciativas y poco respetadas, sin ninguna capacidad real de regular su profesión.
Por todo eso existe un importante consenso en la ciencia política acerca de que para ser enriquecedora, la participación no debe lograrse de forma compulsiva sino fundarse en la adhesión autónoma, consciente, activa e intencionada de los/as ciudadanos/colegas a los valores y principios sustentados en los espacios propuestos y a construir.
